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Antropologías de un Sur en conflicto.
Xenofobias, recortes y nuevos desafíos para una práctica urgente.

Brenda Canelo

La apertura de cualquier periódico hoy en día conlleva la certeza de encontrarse con una secuencia de imágenes de un mundo donde la xenofobia y el racismo han recobrado un dramático protagonismo.

El Mar Mediterráneo convertido en un sepulcro silencioso de decenas de miles de personas que huyen de la guerra y el hambre, ante la desidia y/o el rechazo de gran parte de los países europeos. La expansión del muro en la frontera EEUU-México, y el veto antimigratorio de Donald Trump. Centros de detención para migrantes en distintos enclaves (desde Libia a Estados Unidos o Ecuador, por mencionar algunos). Candidatos de ultra derecha nacionalista en ascenso. Ataques xenófobos aquí y allá. Deportaciones. Negativas de derechos por extranjería. Hostilidades cotidianas. Y la lista sigue, dolorosamente interminable.

Aunque menos cruenta, la situación no deja de ser preocupante en América del Sur en general, ni en Argentina en particular, geografía sociopolítica desde y acerca de la que quiero reflexionar aquí. Efectivamente, a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente a fines del año 2015 –Alianza Cambiemos-, se ha exacerbado un giro xenófobo anti-inmigrantes impulsado por las máximas autoridades del país, que preocupa profundamente a migrantes, organismos de derechos humanos, académicos y algunos políticos. Así, se suspendió el Programa de Abordaje Territorial de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) vigente desde el año 2013 mediante el que se brindaba información y colaboraba en los trámites de regularización migratoria, se cerraron delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones en la provincia de Buenos Aires, se incrementaron los “operativos de control de permanencia” en un 37,2% respecto del año 20151, se acrecentaron las disposiciones de expulsión en un 70% respecto del año anterior (pasando de 1908 en 2015, a 3258 hasta septiembre 2016 -ANDHES et al, 2016-), prácticamente se duplicaron las tasas migratorias (una radicación permanente o una temporaria para nacionales de países MERCOSUR o Estados Asociados pasó de costar cerca de U$S 35 a U$S 60 -en pesos argentinos: $ 600 a $ 1000- desde el 23 de septiembre de 2016), se avanzó con la intención de crear un centro de detención para migrantes en situación irregular2, y se modificaron aspectos sustanciales de la Ley Nacional de Migraciones N° 27.590 y de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía 346 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 -que vincula migración con delincuencia recurriendo a datos presentados de forma engañosa-. En relación con esto último, mientras que la Ley 27.590 establecía el derecho humano a migrar, el acceso a la regularización como una obligación estatal, la revisión judicial de todo trámite de expulsión o detención, y el acceso igualitario a la salud y a la educación, entre otros, el DNU 70/2017 liga la migración con la criminalidad organizada y el narcotráfico generando estigmatización y xenofobia, confunde criminalidad con irregularidad migratoria, permite impedir el ingreso y/o la permanencia y cancelar la residencia por causas judiciales en Argentina o en el exterior (aún si ellas carecen de sentencia firme) en tiempos sumarísimos, suspendiendo así la presunción de inocencia, y habilitando deportaciones como meras gestiones administrativas e independientemente de los años de residencia en Argentina y del riesgo de fragmentación familiar, entre otros aspectos. Al respecto vale destacar que la amenaza latente de deportar a cualquier habitante extranjero “(como recurso represivo y punitivo efectivamente disponible y como amenaza eficaz) infunde temor a una población frecuentemente sospechada y deslegitimada por su condición de extranjera, a la vez que la amordaza en sus posibilidades de reclamo, de denuncia y de defensa” (AAVV, 2017: 4). Además de las diferencias entre ambas normativas en los modos de concebir a los migrantes y a sus derechos, no es un dato menor que la Ley Nacional de Migraciones haya sido resultado de años de debates y acuerdos entre distintos actores políticos entre los que las organizaciones de la sociedad civil tuvieron un altísimo protagonismo,3 mientras que el DNU 70/2017 es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo que fue conocida por las organizaciones pocos días antes de su entrada en vigencia.4

El giro en las políticas públicas hacia los migrantes ocurrido en Argentina especialmente desde fines de 2015 viene siendo acompañado por declaraciones de las máximas autoridades nacionales que vinculan migración con criminalidad, lo cual ha habilitado a funcionarios y agentes públicos de menor jerarquía a implementar acciones crecientemente hostiles (en servicios educativos y de salud, por ejemplo), persecutorias5 e incluso violentas contra los migrantes.6 Todo ello fue fomentado, a su vez, por distintas notas de prensa en medios gráficos y audiovisuales que respaldaban estos estereotipos xenófobos. Tal como afirma Ceriani Cernadas: “el DNU (en sus considerandos y en los discursos que acompañaron su presentación) viene a convertir una xenofobia latente en nuestra sociedad, en Política de Estado. Y eso es sumamente grave en términos de convivencia, integración y cohesión social” (2017: 2).

Todo esto ha sido analizado y denunciado por especialistas y activistas como un pasaje de la conceptualización de la migración como derecho humano y de la regularización como forma de acceder a derechos, a distintas modalidades de control, represión, persecución de la irregularidad migratoria, y a la vinculación de la migración con el delito (particularmente trata y narcotráfico). Desde el ámbito académico, incluso se asemejó el nuevo decreto con la cuestionada Ley de Residencia de Extranjeros del año 1902, en tanto “viola la igualdad ante la ley, atiza la sospecha y el odio hacia las personas migrantes, promueve la discriminación, la xenofobia y el racismo y contribuye a generar una sociedad más desigual y más injusta, lo que equivale a una sociedad cada vez más violenta” (AAVV, 2017: 4)

Pero este vuelco se insinuaba en algunas medidas y declaraciones de algunos altos funcionarios con anterioridad al año 2015. Por cierto, el viraje acontecido desde entonces fue preanunciado a fines de 2010 por el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actual presidente de la Nación, Mauricio Macri. Es difícil olvidar el estupor que organizaciones y académicos sentimos entonces al escuchar sus declaraciones públicas en ocasión de la ocupación del Parque Indoamericano, de esa ciudad, por cerca de 6000 personas que demandaban soluciones habitacionales a las autoridades7. En conferencia de prensa, la máxima autoridad de la Ciudad manifestó entonces: “No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico, al avance a la delincuencia. (...) La Argentina vive expuesta a una política inmigratoria descontrolada, donde el Estado no se ha hecho cargo de su rol. (...) Todos los días llegan cien, doscientas personas a Buenos Aires y no sabemos quiénes son porque llegan de manera irregular. Insisto, de la mano del narcotráfico, la delincuencia (...)”8. Tras ello, algunos funcionarios del gobierno nacional anterior, pertenecientes el partido político bajo el cual se sancionó y reglamentó la Ley de Migraciones 25.871 (Frente Para la Victoria), hicieron similares declaraciones públicas. Me refiero al ex Secretario de Seguridad Sergio Berni y al senador nacional Miguel Ángel Pichetto quienes en 2012 y 2014, respectivamente, vincularon el delito con la inmigración y propusieron la implementación de políticas más duras contra los inmigrantes.9 En línea con lo anterior, también en 2014 el Poder Legislativo de la Nación aprobó el nuevo Código Procesal Penal cuyo Artículo 35 permite la expulsión del territorio nacional de personas extranjeras en situación irregular sorprendidas en flagrancia de un delito, sin juicio previo. Los nacidos en Argentina no son sometidos a similar castigo. También desde antes de 2015 existían disposiciones como la 4362/2014 de “falso turista” que habilitaba rechazos en frontera por sospechas basadas en criterios discriminatorios. Todo ello, sumado a “situaciones de racismo institucional, violencia policial y falta de acceso a la justicia configuraba una agenda pendiente en materia de no discriminación de la población migrante en el país” (ANDHES 2016).

Vemos así que la xenofobia y el racismo hacia los migrantes (entre otros) en Argentina comenzaron a ser explicitados por distintos actores del ámbito político desde antes del cambio de gestión ocurrido a fines de 2015, aunque a partir de ese momento cobraron una hostilidad, presencia pública y (pareciera ser que) legitimidad inesperada.

En este marco, las preguntas que antropólogos y otros cientistas sociales preocupados por los derechos de las personas migrantes empezamos a hacernos refieren a las causas y consecuencias de este rebrote, y a qué hacer al respecto. Ambas cuestiones remiten a la cosmopolítica (Ribeiro, 2003) de nuestro quehacer como “antropólogos del Sur” (Krotz, 1993 y 2015), profundamente interpelados por el contexto social y político en que trabajamos. Pero nuestro compromiso suele sumirnos en una tensa disyuntiva. Ella se vincula con el desfasaje entre los tiempos y formas que nos requiere analizar seriamente el rebrote xenófobo que nos preocupa, y la urgencia por hacer algo como académicos ante él. Vale decir ¿cómo hacer para reconstruir las causas y consecuencias de procesos que cambian drásticamente nuestro campo, al mismo tiempo que nos sentimos interpelados para hacer algo ya-ahora para tratar de contribuir a evitar nuevos sufrimientos a nuestros sujetos de estudio? ¿Cómo sincronizar los tiempos y formas de la academia (con sus revisiones de archivos, entrevistas, extensas jornadas de trabajo de campo, lecturas, sistematizaciones, problematizaciones y horas de escritura, distanciamiento y objetivación) con los tiempos sociopolíticos, que repentinamente cambian la vida de los sujetos con quienes trabajamos y que requieren nuestra reflexión fundada y urgente acerca de lo que está aconteciendo, en función de nuestro compromiso ético y académico con ellos? ¿Cómo hacer esto, además, en un contexto de recorte del presupuesto científico como el que está castigando a nuestras antropologías del Sur,10 que pone en duda nuestra propia continuidad laboral si, en lugar de publicar los papers que la vida académica requiere, nos abocamos a intervenciones para tratar de evitar cambios con esperables consecuencias nefastas en las vidas de nuestros interlocutores? ¿Cómo hacer tiempo para, además, no dejar de analizar los procesos sobre los que vamos interviniendo, compartir nuestros hallazgos con colegas que analizan contextos similares, y tratar de hallar así causas profundas del creciente desprecio hacia las cambiantes (y no tanto) alteridades del presente? Con esto no quiero decir que nuestra labor profesional tenga la misión ni pueda evitar cambios políticos que se tejen en arenas complejas, pero sí creo que puede incidir en que alguno de sus hilos comiencen a cortarse. ¿Cómo hacer antropologías del Sur en momentos de cambios tan drásticos? ¿Y como hacerla respondiendo tanto a nuestro compromiso ético con la vida de nuestros interlocutores, como a aquel que tenemos con nuestro propio campo académico, amenazado bajo acusaciones de “inutilidad” o escasa “productividad” para legitimar el desfinanciamiento del sector?11 Hacer antropologías del Sur no es tarea fácil; claro que no.

En el caso concreto de los cambios en la política migratoria que se impulsan en Argentina, muchos académicos hemos optado por actuar, poniendo a disposición de la sociedad nuestros saberes y credenciales. Pero también decidimos registrar y analizar, ya que entendemos que nuestro compromiso debe hacer confluir esos caminos. Es una opción que nos inquieta, que nos conduce a repensarnos como “profesionales”, que nos lleva a actuar de modos que no conocíamos y sobre los que tratamos de reflexionar para entender mejor la praxis antropológica que vamos conformando, en concordancia con tiempos que nos requieren activos y reflexivos. Así, elaboramos documentos y encuentros interpelando a los distintos poderes estatales, escribimos notas periodísticas y participamos en programas televisivos y radiales, asistimos a reuniones de planificación de acciones y exponemos nuestros cuerpos y saberes para llevarlas adelante, nos sumamos a movilizaciones como participantes y también como organizadores, tejemos nuevas redes, nos unimos con otros académicos para sistematizar registros y reflexiones, escribimos artículos analizando actores, intereses, ideologías, contextos y consecuencias de un mundo crecientemente hostil.

Trabajar hoy con algunos de los principales destinatarios del rebrote xenófobo impulsado desde el Estado, denunciar las políticas que los criminalizan y restringen sus derechos, y cuestionar los recortes presupuestarios en organismos científicos y universitarios, se ha vuelto una apuesta personal y académica compleja en estos tiempos en Argentina.12 Ella requiere repensar los desafíos que se nos presentan como antropólogos de un Sur en conflicto y, al mismo tiempo, estrechar redes locales e internacionales para responder con fortaleza y profesionalismo a este nuevo contexto. La tarea no es sencilla pero, como desafiara el recientemente fallecido Tveztan Todorov: “¿cómo ocuparse de lo humano sin tomar partido?” (1991: 12).

Referencias:


AAVV. 2017. “Cientistas sociales convocan al Poder Legislativo a rechazar el DNU 70/2017 que modifica las Leyes de Migraciones (Nº 25.871) y de Nacionalidad y Ciudadanía (Nº 346).” Disponible en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAeiozvDLPb5_6Yyge2PAwbB-INvupRWcvFk9ohwK1JInpeA/viewform?c=0&w=1

AAVV. 2011. “El Parque Indoamericano en diciembre de 2010: otras tramas, otras miradas. Dossier especial.” En: Revista Temas de Antropología y Migración N° 1. Buenos Aires.

ANDHES, CELS, CAREF, FCCAM, IARPIDI, CDHUNLA, Red de Migrantes et al. 2016. Situación de los derechos humanos de las personas migrantes. Informe sobre la Argentina. Disponible en http://www.cels.org.ar/common/InformeDerechosMigrantes.pdf

Ceriani Cernadas, Pablo. 2017. “Dictamen técnico sobre el DNU 70/2017 que reformó la Ley de Migraciones 25.871.” mimeo.

Correa, Violeta. 2004. “La nueva ley de migraciones y la participación de las organizaciones de la sociedad civil.” En: Giustiniani, Rubén (comp.). Migración: un derecho humano, pp. 173-177. Buenos Aires: Prometeo.

Cravino, María Cristina (org.). 2014. Derecho a la ciudad y conflictos urbanos. La ocupación del Parque Indoamericano. Buenos Aires: UNGS.

Krotz, Esteban. 1993. “La producción de la antropología en el Sur: características, perspectivas, interrogantes.” En: Alteridades 3 (6), pp 5-11.

2015. “Las antropologías segundas en América Latina: interpelaciones y recuperaciones”. En: Cuadernos de Antropología Social 42, pp 5-17.

Ribeiro, Gustavo Lins. 2003. Postimperialismo. Cultura y Política en el Mundo Contemporáneo. Barcelona: Gedisa.

Todorov, Tveztan. 1991. Nosotros y los otros. Siglo XXI, México.

Biografía del autor

Brenda Canelo es Doctora en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y Licenciada y Profesora en Ciencias Antropológicas por la misma institución académica.

Actualmente se desempeña como Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), como docente de Grado en las carreras de Ciencias Antropológicas y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, y como docente de Posgrado en la Maestría de Antropología Social (IDES – IDAES, UNSAM).

Desde el año 1999 investiga las conexiones entre Estado moderno y migración internacional en Argentina en lo concerniente al acceso a derechos, las políticas públicas y las dinámicas urbanas. En torno a estas temáticas ha recibido becas del CONICET y de CLACSO, y ha efectuado consultorías para organismos nacionales (CELS, ADC, CAREF) e internacionales (ACNUR, OIT, ONUSIDA, CEPAL, IPPDH)

Es investigadora formada del Proyecto UBACyT PIUBAMAS: “Los derechos políticos de los residentes extranjeros en las normas y en las prácticas. Argentina: situaciones y debates en los siglos XX y XXI”, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires.

Entre sus últimas publicaciones se encuentran “Migración y políticas públicas desde el margen. Acciones y omisiones estatales en un parque de la Ciudad de Buenos Aires” en Migraciones Internacionales N° 30 (2016), “Culpar a los negros y a los pobres”. Los manteros senegaleses ante los allanamientos en el barrio de Once” (en co autoría con M. I. Pacecca y S. Belcic) (2017), y Fronteras internas. Migración y disputas espaciales en la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires: Antropofagia (2012)


Endnotes

 

1 Dichos operativos son realizados con presencia policial en “lugares con alta concentración de migrantes y en espacios de trabajo como talleres textiles, construcciones, mercados de la comunidad china, ladrilleras, vía pública y ómnibus de largas distancias” (ANDHES et al, 2016: 5). Para más información ver http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexP.php?mostrar_novedad=3188

2 El 19 de agosto de 2016 la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) emitió el comunicado “Complementación estatal contra la irregularidad migratoria” en el que informaba la firma de un acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para crear un centro destinado al alojamiento de personas infractoras de la Ley Nacional de Migraciones 25.871/04, en calidad de retenidas. Ante la reacción de distintos sectores sociales, modificaron el comunicado en tres oportunidades, hasta quitarlo de la web. En octubre de 2016 organismos de derechos humanos presentaron una acción de amparo para frenar la apertura del centro, el cual aún no entró en funcionamiento.

3 Al respecto, ver Correa 2004.

4 A partir de entonces, las organizaciones de migrantes, junto con organismos de derechos humanos, académicos y algunos políticos, comenzaron a moverse intensamente para tratar de lograr la anulación del decreto. Para ello manifestaron sus argumentos en distintos medios de comunicación, presentaron un recurso de amparo a fin de que el poder judicial declare la inconstitucionalidad del decreto, se contactaron con legisladores para explicarles los riesgos inherentes a su ratificación por el Parlamento, obtuvieron la posibilidad de plantear estas cuestiones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la cual manifestó su preocupación por el “retroceso” en materia migratoria), y llevaron adelante un Paro Migrante, entre otras acciones.

5 En tal sentido, se ha afirmado que desde diciembre de 2015 “las detenciones por averiguación de identidad sin mediar motivos de sospecha han tenido mayor impacto en los colectivos trans y travestis migrantes y en las personas de origen senegalés y dominicano” (ANDHES et al, 2016: 18). En este mismo informe se denuncian casos de asesinato por racismo y falta de respuesta por parte de la justicia ocurridos antes del cambio de gestión, como el del joven boliviano Franco Zárate acaecido a comienzos de 2015.

6 Entre ellas puede mencionarse el asesinato, en circunstancias aún no esclarecidas, del líder de la comunidad senegalesa Massar Ba ocurrido en marzo de 2016. También es de destacar la persecución física y simbólica hacia vendedores de la vía pública ocurrida desde principios del año 2017 en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que ha afectado con especial gravedad a población de origen extranjero.

7 Para más información respecto de este conflicto, ver Cravino (2014) y AAVV (2011).

12 A fines del año 2016, tras participar de campañas públicas en contra del ajuste en ciencia, tecnología y universidad en Argentina, y de sumarme a los cuestionamientos por los cambios en la política migratoria, fui objeto de una feroz campaña de desprestigio en la redes sociales, de la que luego también fueron destinatarios otros colegas. Algunas de las respuestas institucionales solidarias ante lo acontecido fueron realizadas por el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires (http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/boletin/preocupaci%C3%B3n-y-solidaridad-en-defensa-de-la-investigaci%C3%B3n-en-ciencias-sociales-y-humanas), el Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina (http://cga.org.ar/nota-271-comunicado-ante-la-situacion-de-nuestra-colega-brenda-canelo-la-ciencia-y-la-universidad-argentinas), la Sociedad Argentina de Antropología (http://www.saantropologia.com.ar/apoyo-saa-brenda-canelo-dic-2016/) y el World Council of Anthropological Associations (http://www.wcaanet.org/downloads/informativo/WCAA_newsletter_VI_1702.pdf ). Aprovecho la oportunidad para agradecer a los integrantes de todos estos organismos por haber sabido responder a lo acontecido con calidez, inmediatez y compromiso hacia mi persona y nuestra labor profesional.